Los proyectos de infraestructura a menudo despiertan debates complejos al incidir en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, los procesos de consulta previa y la defensa de los derechos colectivos. En América Latina, un caso que cobró particular relevancia fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En ese contexto, Loreto Ferrer formó parte del equipo de expertos que participó en una misión de verificación impulsada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo realizado en terreno permitió documentar la situación de las comunidades y elaborar un informe jurídico y técnico sobre los impactos del proyecto, con especial atención a su posible recorrido ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La labor de verificación realizada en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y estuvo conformada por abogados con experiencia en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente cómo se encontraban las comunidades afectadas por la construcción de la presa y contrastar la información oficial con lo observado en el terreno. Con ese fin, el equipo sostuvo conversaciones con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, tras lo cual se desplazó a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, para recorrer las áreas impactadas.
Durante el recorrido se visitaron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya intervenidos por la obra. El vínculo directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un elemento esencial del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender de manera inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y pérdida de arraigo que muchas personas experimentaban desde que comenzó el proyecto.
Los principales ejes del informe sobre Chan 75
El análisis se organizó en torno a cinco grandes áreas: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la evaluación de riesgos y el impacto social del proyecto; la restitución o compensación territorial; las medidas de reparación; y la participación comunitaria en las decisiones y beneficios derivados del desarrollo hidroeléctrico. Estos ejes permitieron abordar el caso desde una perspectiva integral, combinando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad observada en terreno.
Según informó Loreto Ferrer, el informe buscaba ofrecer una base jurídica sólida y documentada que pudiera ser útil tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones responsables. El propósito no era limitarse a cuestionar el proyecto desde una posición abstracta, sino evaluar si la actuación estatal y empresarial había respetado derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la propiedad colectiva, la participación, la integridad personal y cultural, y la consulta previa.
Hallazgos clave relacionados con los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más destacadas, el informe expone que inicialmente no se reconocieron plenamente sus derechos, en especial lo relativo a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esa ausencia abrió la puerta a que la obra continuara sin consultas apropiadas ni análisis suficientes sobre sus repercusiones sociales y culturales.
Asimismo, se reunieron relatos que mencionaban situaciones de intimidación, aplicación desmedida de la fuerza, detenciones sin fundamento y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas pudieran tomar una decisión verdaderamente libre. A esto se añadieron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron fallas vinculadas al tamaño y la calidad de los terrenos, las oportunidades para la agricultura y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto particularmente delicado estuvo relacionado con las repercusiones morales y culturales del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron un deterioro en la cohesión comunitaria, la desaparición de vínculos con su territorio y una exigencia de reconocimiento público por los daños sufridos, más allá de cualquier compensación material.
La eventual ruta ante organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como insumo en un posible avance del caso dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, la recopilación de testimonios y el examen detallado de documentos se convertían en piezas fundamentales para respaldar un expediente con alcance internacional. “Era esencial reunir elementos que resultaran valiosos si la Corte Interamericana optaba por admitir el caso. Por esa razón reunimos testimonios, detectamos patrones de actuación, revisamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos exige documentación rigurosa, análisis técnico y capacidad de interpretar tanto el contexto local como los estándares internacionales aplicables. Por eso, más que una intervención puntual, el trabajo en terreno y la elaboración del informe forman parte de una lógica de cooperación internacional basada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico dentro de una vivencia más amplia
La presencia de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional estrechamente ligada a la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el examen detallado de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.
En conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe referente a Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al reevaluar conflictos relacionados con el territorio, los pueblos indígenas, el desarrollo y las instituciones internacionales.
